viernes, 4 de agosto de 2017


Se viene el estallido, pero fue bien anunciado…

El Programa Estado de la Nación, evalúa cada año, desde hace 23 años, los principales indicadores económicos, sociales, políticos y ambientales del país. El objetivo es sencillo: “conocer la Costa Rica que tenemos y pensar la Costa Rica que queremos”.

Las discusiones del déficit fiscal y el incremento de la deuda encienden las alarmas, con justa razón. Lo inaceptable es que un grupo de la clase política y gobernante de los últimos quince años, diga que no es culpa de ellos, sino, del otro que estuvo antes o después…

Como dice la canción de un conocido grupo argentino “se viene el estallido… de tu gobierno…” en materia fiscal y de endeudamiento. El anuncio del Presidente Solís esta semana lo confirma. Quienes reaccionan por sorpresa de que ocurra, saben nada o muy poco de los asuntos públicos.

Hice un brevísimo extracto de algunos hallazgos de los Informe Estado de la Nación desde el 2010. Esta es la crónica de una muerte anunciada…

Con los datos del año 2010, el Informe XVI del PEN dijo que:  la recuperación económica de 2010 fue moderada (el PIB creció un 4,2% y el consumo privado un 3,4%) pero frágil. Continuó el deterioro de las finanzas públicas. El déficit fiscal del Gobierno Central pasó de 3,4% del PIB en 2009, a 5,2% en 2010. Esta situación es el resultado combinado de una lenta recuperación de la recaudación (7,0%) y un importante aumento de los gastos (26,8%), en especial de aquellos que históricamente presentan una dinámica inercial de crecimiento.

Es decir, un aumento del déficit de casi dos puntos porcentuales del PIB en dos años. Ocurrió con la participación de dos gobiernos distintos, aunque del mismo partido.

Esta recuperación fue, además, desigual. Si bien todos los sectores económicos tuvieron resultados positivos –excepto la construcción-, la generación de empleos no mejoró de manera significativa y se concentró en el sector exportador y los nuevos servicios, que no son los principales empleadores; paralelamente, no hubo estímulos adecuados en áreas estratégicas de la producción, intensivas en mano de obra, que dan trabajo a importantes segmentos de la población.

Con los datos del año 2011, el Informe XVII del PEN, dijo: para atender el desequilibrio fiscal del Gobierno Central y financiero de las empresas públicas se ha tenido que recurrir al endeudamiento, lo que a su vez ha generado nuevas presiones y ha incrementado tanto el riesgo-país como la vulnerabilidad de la estabilidad externa.

El seguimiento de la deuda pública es un indicador fundamental para evaluar la sostenibilidad de las finanzas estatales, ya que, conforme aumenta la deuda, el Gobierno pierde grados de libertad en el uso de sus recursos, lo que limita su capacidad para ofrecer los bienes y servicios requeridos por la sociedad.

El crecimiento de la deuda del sector público ha llegado a generar preocupación, por el riesgo que supone para la sostenibilidad y la solvencia económicas. La relación deuda/PIB, luego de registrar un fuerte ajuste a la baja entre 2004 y 2008, mostró un crecimiento anual promedio del 4% en los últimos tres años. De mantenerse la tendencia, esta relación, que se situó en 44,6% en el 2011, llegaría al 50% al cierre del 2014, y ya para el 2019 superaría el máximo de 60% alcanzado en 2003 (“ya pasamos por donde asustan”).

Con los datos del año 2011, el Informe XVII del PEN, dijo: el deterioro fiscal vulnera la solvencia del Estado. La evolución de los gastos está desvinculada del crecimiento del PIB y los ingresos se recuperan a paso lento. El país sigue sin aprobar reformas fiscales para resolver el problema.

La política fiscal recurrió al endeudamiento interno y externo para financiar los gastos corrientes del Gobierno. En 2012 la deuda pública total aumentó seis puntos porcentuales y representó el 51,2% del PIB (pasamos el límite “permitido” del 50%, dos años antes de lo proyectado).

Finalmente, (hay muchos datos más para cada año, pero pasé al último Informe PEN publicado) con los datos más recientes para el 2015 e inicios del 2016, el Informe XXII del PEN dijo: la economía costarricense mantiene un crecimiento moderado, que en 2015 alcanzó un 3,7%. Este resultado contrasta con una tasa de desempleo superior al 9% (problema anunciado años atrás). El país necesita mayores y sostenidos niveles de crecimiento para lograr mejoras en las oportunidades laborales para las personas.

Se agudiza el desbalance financiero del Gobierno Central. Desde 2009 el país no tiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos primarios. Esta situación hizo que el déficit fiscal alcanzara un 5,9% del PIB en 2015, el valor más alto de los últimos treinta años.

El mayor déficit fiscal de la economía costarricense ha generado mayores necesidades de financiamiento. Entre 2010 y 2015, la deuda del Gobierno Central pasó de 28% a 42% del PIB. En ese período el aumento se dio sobre todo en el endeudamiento externo, que casi se duplicó, al pasar de 6% a 10% del PIB. Actualmente, el nivel de endeudamiento del Gobierno se mantiene cerca del límite sostenible para economías emergentes: 50% del PIB (FMI, 2016). Una deuda creciente y cercana a este umbral crítico es un escenario de riesgo para la sostenibilidad fiscal.

Entre 2009 y 2015, su crecimiento promedio como proporción del PIB fue de 2,6 puntos porcentuales por año. El FMI proyecta que en 2021 la deuda llegará a un 69,1% del PIB, casi veinte puntos porcentuales por encima del nivel crítico. Para reducir el desbalance financiero del Gobierno Central se requiere eliminar el déficit primario y además lograr un superávit que compense la expansión de la deuda, lo cual implica en total un ajuste de 3,8% del PIB. Con ello se alcanzaría un endeudamiento de 46% del PIB en el 2021.

El problema es que Costa Rica no ha realizado un ajuste fiscal significativo en los últimos treinta años.

Este gobierno también tiene cuotas de responsabilidad, pues pasó dos años diciendo que no era necesaria una reforma fiscal. Los datos parecieran no darle la razón. Además, incrementó el Presupuesto de la República de manera significativa, generando más presiones sobre el déficit.

Sin embargo, lo menos importante cuando se está metiendo el agua al barco, es encontrar culpables. La lógica indica que todos deben unirse y tapar lo más pronto el hueco, y navegar a puerto seguro para reparar la estructura completa del barco. Pero en política, desgraciadamente, siempre hay quienes disfrutan cuando algunos se ahogan…

Ojalá este no sea el caso, de lo contrario “se viene el estallido… de tu gobierno también”.


Steffan Gómez Campos

1 comentario:

Unknown dijo...

Como en una escena surrealista, nadie cede en nada, se recurre a meter la cabeza en el hoyo de los dogmas y cada grupo interesado expone su versión de la situación pero sin aflojar nada.
Un indicador de cómo andan estos grupos en su disposición a ceder en algo es el episodio de la destitución de la presidenta de la CCSS ante el solo apoyo al aumento de 1 por ciento en las cotizaciones para el IVM recomendado por un estudio actuarial serio hecho por la UCR. Dócilmente el gobierno cedió y la lección que le quedó a los ciudadanos es que es mejor no ser responsable como lo fue esa funcionaria y que siga la fiesta.
Pero el tiempo nos pasará la factura a todos sin excepción y los que no quisieron hacer sacrificios,quizás no tan grandes como los que vendrán por la catástrofe que nos amenaza seguiran con las mismas actitudes, que no son otra cosa que egoismo, aunque paradójicamente pasan el tiempo hablando de solidaridad social.
Nos queda el consuelo a quienes no comulgamos con esas actitudes de que estamos desde ya vacunados contra la tentación de elegir gobiernos populistas como alternativa de cambio, ante el fracaso de los politicos actuales.
Guardemonos de caer en eso. Muy cerca tenemos el ejemplo de las camarillas que gobiernan con la arbitrariedad, predicando el odio y destrozando la economía de sus pobres paises.