En los últimos días Costa Rica ha sido escenario de un acalorado debate en torno al tema, para nada nuevo, de la eficiencia con que la función pública administra e invierte los recursos en el área social.
El caso de los dineros donados por Taiwán para el desarrollo de poblaciones vulnerables en Pavas es sólo un ejemplo de ello. Sin duda preocupante, sobre todo por la pregunta que subyace a este realidad. ¿Cuántas otras donaciones con destinos sociales específicos han sido reencausadas a otros propósitos? La pregunta queda para la reflexión y el debate, esperando que los medios de comunicación puedan continuar con su función de informar pero también de formar opinión pública responsable.
No deja de preocupar lo que está pasando dentro del Estado y la política social que se ha diseñado, si es que ha habido tal diseño. En el periódico La Nación del 19 de Agosto de 2008, se publican las declaraciones de la Viceministra de Desarrollo Social donde sostiene que “no ha habido diseño de programas ni monitoreo, ni seguimiento ni ninguna evaluación de lo que se está haciendo” en el área social y de combate contra la pobreza en específico.
Ante tales declaraciones de una alta funcionaria del gobierno, cómo poder estar tranquilos del camino que lleva el país. Estamos gastando dineros sin planificar ni evaluar los efectos de las acciones que se toman. ¿Cómo podremos salir de esta situación de subdesarrollo si no existe planeamiento ni visión de largo plazo en materias tan sensitivas como la política social de un país? Una pregunta sin respuesta que deja un mal sabor de boca.
Aparte de ello, por medio de estructuras paralelas el Estado realiza contrataciones con destinos específicos en áreas donde se duplican funciones y a organizaciones vinculadas directa o indirectamente con el gobierno. ¿Corrupción? ¿Clientelismo? ¿O talvez el Estado no cuenta con estructuras eficientes que le permitan avanzar con rapidez y eficacia y por ello optan a mecanismos más expeditos? Habría que preguntarse si estos problemas refieren directamente a un problema de liderazgo, de quienes toman las decisiones, o si más bien refiere a un problema institucional en el que el sistema, lento y burocrático, hace imposible la toma de decisiones efectivas y a tiempo. La clave pasa por encontrar una buena respuesta a esta interrogante.
No obstante, lo cierto es que el accionar del Ministro de Vivienda y el de la Presidencia no genera más que desilusión y más descrédito de una clase política ya de por sí deteriorada. Los líderes políticos siguen haciendo méritos para formar parte de este grupo (cada vez más numeroso), de líderes desprestigiados, sin credibilidad y rayando los límites de la corrupción, cuando no son abiertamente cruzados.
Si se trata de corrupción o clientelismo debe ser denunciado y controlado hasta exterminarlo. Si se trata de ineficiencia del Estado igualmente debe ser denunciado y sobre todo solucionado. Habría que hacer un alto en el camino para discutir cuáles son las reglas del juego con las que Costa Rica está haciendo frente a los nuevos tiempos. Por supuesto, eso implica buscar consensos, negociando y haciendo partícipe a los diversos grupos sociales que mueven el país. No es un trabajo fácil ni de la noche a la mañana, pero mientras no se encuentren esos “puntos intermedios” seguiremos encontrando casos de estructuras paralelas, clientelismo y corrupción encubierta sin las herramientas necesarias para combatirlas. Y mientras tanto, quienes habitamos en este país seguimos viendo cómo el desarrollo nos pasa de largo…
